El gobierno corporativo y la supervisión en el ámbito de la transición justa
Dado que los planes que implementen las empresas en los próximos años resultarán fundamentales para el proceso de descarbonización del mundo, los aspectos del liderazgo y de la gobernanza también constituyen cuestiones clave que debemos tener en cuenta a la hora de analizar los planes de transición justa. Los responsables de la toma de decisiones que no tengan en cuenta la vertiente social de esta transición podrían socavar la consecución de los objetivos en materia de acción por el clima y enfrentarse a una serie de riesgos, como el riesgo reputacional. Por ende, disponer de un liderazgo y de una gobernanza de gran solidez a escala empresarial representa un aspecto importante que debemos tener en cuenta para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades de una manera adecuada. A fin de impulsar el logro de resultados positivos, los consejos de administración de las compañías deben desempeñar un papel proactivo de cara a garantizar que la transición justa suponga una prioridad para las empresas.
¿Qué implica una transición justa en la práctica?
Existen varios ejemplos de planes de transición climática a escala microeconómica y macroeconómica que no han logrado los resultados esperados o que podrían no lograrlos debido a que no integran un plan de transición justa. Otros planes han obtenido resultados satisfactorios o parecían en vías de obtenerlos gracias a que habían podido equilibrar las consideraciones sociales y medioambientales. Estos ejemplos se observan en mercados tanto emergentes como en desarrollo, lo que pone de relieve que la transición justa constituye un reto universal para las empresas de todas las regiones. A continuación, exponemos algunos de esos ejemplos.
Casos prácticos de empresas
Air Products
La empresa química estadounidense Air Products está desarrollando un nuevo proyecto de hidrógeno verde de gran envergadura en una zona de Texas que ha sufrido un declive económico debido al cierre de una planta de carbón en fechas recientes. Este proyecto se ha visto respaldado por la nueva Ley sobre Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) que ha entrado en vigor en EE. UU. y que incluye incentivos ecológicos. Con todo, constituye un buen ejemplo de identificación de una comunidad cuyos miembros disponen de un conjunto de competencias industriales que es posible reciclar para posibilitar un futuro más ecológico.
Enel
Enel tiene una plantilla de aproximadamente 75.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 36.000 se encuentran en Italia. De cara a afrontar el reto de la transición energética y el endurecimiento de los límites de emisiones por parte de la Unión Europea, la compañía anunció el programa «Futur-e»: una iniciativa que tiene por objetivo el cierre y la reconversión de los activos de combustibles fósiles obsoletos. En mayo de 2017, anunció que cerraría dos grandes centrales eléctricas de carbón en 2018 como muy tarde y comunicó un plan para cerrar todas sus centrales eléctricas alimentadas por carbón y lignito a más tardar en 2030. Además de un objetivo para lograr la neutralidad de carbono de aquí a 2050, Enel anunció la reconversión de 23 centrales eléctricas, lo que conllevaba importantes implicaciones desde el punto de vista del empleo. Los sindicatos siempre se han mostrado muy críticos con el plan «Future-e», con la falta de información al respecto y con el hecho de que apenas se les haya involucrado en estos procesos. En consecuencia, Enel decidió iniciar un diálogo social sobre un acuerdo marco centrado en la transición justa con sus socios sindicales del país transalpino que abarcase la retención de empleados, su recolocación, su reciclaje profesional y su jubilación anticipada. El caso de Enel supone un ejemplo de plan de transición justa que incluía disposiciones para contratar trabajadores a través de un programa de formación de aprendices con vistas a garantizar el trasvase de conocimientos desde los trabajadores más veteranos a los más jóvenes. Asimismo, fomenta la movilidad y la formación para optimizar los recursos internos y las medidas de formación específicas con el fin de garantizar la cualificación y la empleabilidad de cara al desarrollo de su nuevo negocio.
Engie Australia
En noviembre de 2016, Engie anunció su decisión de cerrar la central eléctrica Hazelwood para reducir sus emisiones de carbono. En respuesta a la medida, el Gobierno estatal constituyó la Autoridad del Valle de Latrobe (LVA, por sus siglas en inglés), que comenzó a dialogar con los sindicatos, con Engie y con otros propietarios de centrales eléctricas, así como con el Gobierno local y con organizaciones comunitarias. Ello tuvo como consecuencia el desarrollo de cuatro importantes iniciativas orientadas a ayudar a los trabajadores afectados y a sus familias:
- Un Servicio de Transición Laboral para Trabajadores centrado en proporcionar servicios individualizados de transición laboral y de desarrollo de competencias.
- Un plan de respaldo financiero para reciclar las competencias de los trabajadores que Engie hubiese contratado directamente, a lo que se sumaron las medidas de apoyo a la formación del Gobierno federal para los contratistas independientes.
- Un programa de «Traspaso de Trabajadores» para liberar puestos de trabajo mediante la implementación de planes de jubilación anticipada en otras centrales eléctricas del sector.
- La revitalización de la región en colaboración con el Gobierno estatal gracias a la creación de una «zona económica especial» que ofreciese incentivos financieros a las empresas por crear puestos de trabajo para los trabajadores desplazados.
Ford automotive
Ford anunció que tenía planeado recortar 1.300 puestos de trabajo en el Reino Unido durante los próximos dos años y 3.800 en Europa, de los cuales casi 2.800 afectaban a ingenieros. Tan solo un día antes de llevar a cabo sus despidos en Europa, Ford anunció una inversión de 3.500 millones de dólares en una nueva fábrica de baterías para vehículos eléctricos radicada en Míchigan. Al carecer de un programa de reciclaje profesional o de reubicación para estos trabajadores, Ford corre el riesgo de desmoralizar a su plantilla y de mermar su capacidad para retener el talento, especialmente en lo que respecta a sus empleados cualificados, a lo que se suman las posibles huelgas convocadas por los sindicatos en Alemania y un mayor intervencionismo de los actores políticos en su programa de reestructuración. El aumento de las preocupaciones en torno a las repercusiones que tendrá para los trabajadores la transición del sector automovilístico desde los vehículos con motores de combustión interna a los vehículos eléctricos podría afectar a la capacidad de este sector para atraer subvenciones.
Una cadena de suministro solar
Prácticamente la mitad del polisilicio empleado para la fabricación de paneles fotovoltaicos destinados al sector de la energía solar se produce en China. Las prohibiciones a la importación, que en parte se han visto impulsadas por las preocupaciones en materia de derechos humanos, podrían ralentizar considerablemente la adopción de la energía solar necesaria para llevar a cabo la transición energética. El consejero delegado de Siemens, Roland Busch, advirtió lo siguiente en diciembre de 2021: «Si se promulgan prohibiciones [con motivo de las prácticas de trabajo forzoso], puede que ya no podamos comprar células solares a China, lo que supondría el fin de la transición energética». Por lo tanto, cabría preguntarse si las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos posibilitan el desarrollo de una cadena de suministro solar alternativa en países como la India.
Las Asociaciones para una Transición Energética Justa (ATEJ)
A escala de país, las Asociaciones para una Transición Energética Justa (ATEJ) son iniciativas emergentes orientadas a colmar la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo a la hora de realizar la transición hacia las energías limpias.
Asimismo, constituyen mecanismos de financiación. En el marco de una ATEJ, los países más ricos proporcionan financiación a un país en desarrollo que depende del carbón con el fin de respaldar el proceso que ha elaborado ese país para abandonar progresivamente el carbón y realizar la transición hacia las energías limpias al tiempo que aborda las consecuencias sociales que se derivan de ello1. Este tipo de asociaciones implican mecanismos que buscan ayudar a determinados países emergentes que dependen de los combustibles fósiles a operar una transición energética justa adecuándose a la hoja de ruta que han preparado dichos países y alterando lo mínimo posible su desarrollo económico.
Las ATEJ constituyen un concepto incipiente que todavía se encuentra en gran medida en fase de desarrollo, dado que se formalizan a partir de la experiencia que sus artífices van adquiriendo en este ámbito, en lugar de derivarse de marcos preexistentes. Si bien supervisar la evolución de las ATEJ resulta pertinente, no disponemos todavía de información suficiente para realizar actividades de implicación significativas con las partes interesadas que desempeñan un papel fundamental a la hora de contribuir a la aceptación y a la implementación eficaz de las ATEJ. Asimismo, sigue sin estar acreditado cómo las ATEJ se traducen en cambios en las políticas climáticas a escala nacional, lo cual resulta necesario para que los países y las empresas logren avances sostenidos en materia climática.
Los progresos iniciales que han logrado las ATEJ en países como Indonesia ponen de manifiesto cómo el programa podría revestir una mayor relevancia en el futuro.
El caso de Indonesia
A finales de 2022, una ATEJ conformada por distintos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Noruega, Japón, Canadá, Dinamarca, Francia y otros países desarrollados, ofreció a Indonesia un paquete de 20.000 millones de dólares compuesto por una combinación de capital público y privado a partes iguales. Si bien todavía no se ha dado a conocer ningún plan de inversión oficial, los objetivos establecidos en el marco de esta ATEJ consisten en acelerar el proceso de abandono gradual del carbón por parte de Indonesia con el fin de que las emisiones totales del sector energético de este país alcancen su nivel máximo de aquí a 2030, además de establecer un objetivo para que dicho sector alcance las cero emisiones netas de carbono en 2050 como muy tarde, lo que supone adelantar diez años el objetivo de Indonesia a este respecto. El plan también conllevaría la aceleración del despliegue de las energías renovables para que este tipo de energía represente como mínimo el 34% de la generación total de energía de aquí a 2030.
Aunque este paquete de 20.000 millones de dólares representa una pequeña parte de los 600.000 millones de dólares necesarios para descarbonizar por completo el sector energético del país, constituye una medida precursora del tipo de apoyo que podría recibir por parte de fuentes tanto privadas como públicas.
En última instancia, supervisar la capacidad para ampliar el alcance de programas como las ATEJ resultará pertinente, dado que dependerán de si los países emergentes pueden crear un plan de transición justa que resulte creíble. Si bien el éxito o el fracaso de las empresas a la hora de realizar la transición depende en gran medida de las políticas aplicadas a escala nacional, la voluntad de las compañías de participar en la transición podría determinar si son capaces de mantenerse a la vanguardia.