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Vincular el clima, las empresas y las comunidades: un marco para evaluar la transición justa

Este artículo analiza el concepto de «transición justa», que a nuestro juicio constituye un tema que está pasando a revestir una importancia cada vez mayor para los inversores en un contexto en el que los países y las empresas están intensificando sus esfuerzos para reducir su huella de carbono, ecologizar sus economías y desarrollar su capacidad de resiliencia de cara al futuro.

Introducción:

Habida cuenta de que los efectos del cambio climático empeoran con cada año que transcurre, un gran número de países y empresas están intensificando sus esfuerzos en materia de reducción de su huella de carbono, ecologización de sus economías y desarrollo de su capacidad de resiliencia de cara al futuro.

La consecución del objetivo del Acuerdo de París (es decir, limitar el calentamiento mundial a 1,5 ºC) exige efectuar cambios sin precedentes en nuestra manera de operar. Tal y como nos ha demostrado la historia en numerosas ocasiones, la realización de cambios de semejante magnitud puede conllevar perturbaciones de gran calado para los trabajadores y la sociedad. La transición energética alberga el potencial de transformar de manera radical la economía mundial, lo que traería consigo riesgos y oportunidades considerables para las empresas, las comunidades, los gobiernos y las personas que operan en ella.

A medida que estos cambios se materializan, observamos que el concepto de «transición justa» está cobrando impulso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el concepto de «transición justa» de la siguiente forma: «ecologizar la economía de una manera que sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás».

Desde el punto de vista de los inversores, una transición justa busca abordar los problemas del cambio climático, la injusticia racial, la salud pública y la desigualdad económica, que se encuentran interconectados y revisten una relevancia significativa desde el prisma financiero. A modo de ejemplo, el cierre de una central de carbón de manera abrupta podría constituir una decisión muy acertada desde una perspectiva medioambiental, pero una empresa debe sopesar las posibles repercusiones en el plano social y las reacciones adversas que una medida así podría suscitar entre los trabajadores y las comunidades locales, que podrían depender económicamente de este negocio.

Un plan de transición climática a escala de empresa o de país que no tenga en cuenta cuestiones sociales fundamentales seguramente opondrá de forma directa el bienestar social de sus miembros a sus propios objetivos de descarbonización más amplios y a los del resto del mundo, lo que obstaculizará el progreso en ambos ámbitos. Además, unos planes de transición creíbles pueden ayudar a mejorar el capital humano, incrementar el valor empresarial regenerativo, mejorar la reputación corporativa y reducir el riesgo sistémico.

Por ende, creemos que la transición justa está pasando a ser un tema cada vez más importante para los inversores. Comprender estas cuestiones llevará tiempo, puesto que los planes de transición climática y las hojas de ruta hacia la descarbonización todavía se hallan en las fases iniciales. A lo largo de este artículo, destacaremos algunos ejemplos de transición justa, lo que incluye exponer los casos de las empresas y asociaciones que están realizando avances significativos en este sentido y aquellas que todavía tienen trabajo por delante.

Evolución: ahora que numerosas empresas han establecido objetivos de cero emisiones netas, las compañías con visión de futuro, los gobiernos y los principales responsables de la elaboración de normas y políticas en materia de sostenibilidad, como la iniciativa Acción por el Clima 100+ (CA100+) y la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI), están dedicando cada vez más tiempo a comprender la manera en la que debe llevarse a cabo la transición de cara a garantizar que resulte justa para la totalidad de las partes interesadas clave. Ello incluye tener en cuenta la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento, así como la seguridad de los suministros energéticos, las repercusiones sobre la cadena de suministro, el acceso universal a la energía a unos precios asequibles y una distribución justa de los costes y beneficios de la transición.

Relevancia: los conocimientos del sector de la inversión sobre la relevancia que presenta la transición justa desde el punto de vista financiero todavía son muy limitados. No obstante, parece inevitable que cada vez se preste más atención a este tema, y consideramos que profundizar nuestros conocimientos sobre las oportunidades y los riesgos asociados a dicho tema redundaría en nuestro beneficio. La relevancia de esta cuestión se plantea tanto a nivel de país como a nivel de empresa.

  • La relevancia a nivel de país se centra en las cuestiones relacionadas con las políticas, lo que implica formular preguntas como las siguientes: ¿en qué medida los mercados desarrollados pueden financiar la transición energética de los mercados que presentan un grado de desarrollo inferior? ¿Hasta qué punto el coste dentro de un mercado recae sobre las empresas en lugar de sobre los contribuyentes? Y ¿a qué ritmo incentiva la política nacional que se produzca la transición?
  • A nivel de empresa, podemos plantearnos de qué manera pueden las empresas ayudar a sus trabajadores a adaptarse y adquirir nuevas competencias en lugar de limitarse a despedir a los trabajadores actuales y sustituirlos por otros, entre otras preguntas.

Próximos pasos:

Necesitamos evaluar los planes de transición tanto de los países como de las empresas a través de un marco centrado en la transición justa de cara a evaluar la eficacia probable del plan de transición de un emisor determinado.

De acuerdo con las estimaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la transición energética podría afectar de forma negativa a 1.470 millones de empleos en sectores fundamentales para la estabilidad climática:

  • El sector agrícola (1.000 millones)
  • El sector de la fabricación (200 millones)
  • El sector de los edificios (110 millones)
  • El sector del transporte (88 millones)
  • El sector energético (30 millones)

Resulta importante destacar que la transición justa también presenta oportunidades. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la acción por el clima podría generar unos beneficios económicos significativos en caso de llevarse a cabo de forma adecuada, lo que incluye un beneficio económico directo de 26 billones de dólares para 2030 en comparación con la forma de negocio actual, así como una creación de empleo neta de 24 millones de puestos de trabajo en la economía verde.

Con el fin de comprender mejor la transición justa, deberíamos analizar las implicaciones cuantitativas y cualitativas de las estrategias climáticas para que todos los trabajadores de la nueva economía se vean respetados y puedan aportar su grano de arena a unas comunidades pujantes y resilientes.

¿En qué punto nos encontramos hoy?

Hasta el momento, a la hora de evaluar si una empresa logrará realizar con éxito la transición de su negocio para que sea resiliente desde el punto de vista climático, nos hemos centrado en gran medida en los objetivos de reducción de las emisiones de carbono. Sin embargo, tener en cuenta la vertiente social de los planes de reducción de las emisiones de carbono reviste la misma importancia. Para hacerlo, debemos empezar por formular la siguiente pregunta: ¿disponen las empresas de un plan de transición justa? La iniciativa Acción por el Clima 100+ integró un indicador en materia de transición justa en su marco de divulgación de información por primera vez en 2022. La Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI), que numerosas empresas de todo el mundo utilizan como una norma de comunicación de información en materia de sostenibilidad, también ha incluido una vertiente centrada en la transición justa que exigirá a sectores como el del carbón que divulguen un plan a futuro para mitigar la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones negativas sobre los ingresos entre los trabajadores y las comunidades.

El gobierno corporativo y la supervisión en el ámbito de la transición justa

Dado que los planes que implementen las empresas en los próximos años resultarán fundamentales para el proceso de descarbonización del mundo, los aspectos del liderazgo y de la gobernanza también constituyen cuestiones clave que debemos tener en cuenta a la hora de analizar los planes de transición justa. Los responsables de la toma de decisiones que no tengan en cuenta la vertiente social de esta transición podrían socavar la consecución de los objetivos en materia de acción por el clima y enfrentarse a una serie de riesgos, como el riesgo reputacional. Por ende, disponer de un liderazgo y de una gobernanza de gran solidez a escala empresarial representa un aspecto importante que debemos tener en cuenta para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades de una manera adecuada. A fin de impulsar el logro de resultados positivos, los consejos de administración de las compañías deben desempeñar un papel proactivo de cara a garantizar que la transición justa suponga una prioridad para las empresas.

¿Qué implica una transición justa en la práctica?

Existen varios ejemplos de planes de transición climática a escala microeconómica y macroeconómica que no han logrado los resultados esperados o que podrían no lograrlos debido a que no integran un plan de transición justa. Otros planes han obtenido resultados satisfactorios o parecían en vías de obtenerlos gracias a que habían podido equilibrar las consideraciones sociales y medioambientales. Estos ejemplos se observan en mercados tanto emergentes como en desarrollo, lo que pone de relieve que la transición justa constituye un reto universal para las empresas de todas las regiones. A continuación, exponemos algunos de esos ejemplos.

Casos prácticos de empresas

Air Products

La empresa química estadounidense Air Products está desarrollando un nuevo proyecto de hidrógeno verde de gran envergadura en una zona de Texas que ha sufrido un declive económico debido al cierre de una planta de carbón en fechas recientes. Este proyecto se ha visto respaldado por la nueva Ley sobre Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) que ha entrado en vigor en EE. UU. y que incluye incentivos ecológicos. Con todo, constituye un buen ejemplo de identificación de una comunidad cuyos miembros disponen de un conjunto de competencias industriales que es posible reciclar para posibilitar un futuro más ecológico.

Enel

Enel tiene una plantilla de aproximadamente 75.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 36.000 se encuentran en Italia. De cara a afrontar el reto de la transición energética y el endurecimiento de los límites de emisiones por parte de la Unión Europea, la compañía anunció el programa «Futur-e»: una iniciativa que tiene por objetivo el cierre y la reconversión de los activos de combustibles fósiles obsoletos. En mayo de 2017, anunció que cerraría dos grandes centrales eléctricas de carbón en 2018 como muy tarde y comunicó un plan para cerrar todas sus centrales eléctricas alimentadas por carbón y lignito a más tardar en 2030. Además de un objetivo para lograr la neutralidad de carbono de aquí a 2050, Enel anunció la reconversión de 23 centrales eléctricas, lo que conllevaba importantes implicaciones desde el punto de vista del empleo. Los sindicatos siempre se han mostrado muy críticos con el plan «Future-e», con la falta de información al respecto y con el hecho de que apenas se les haya involucrado en estos procesos. En consecuencia, Enel decidió iniciar un diálogo social sobre un acuerdo marco centrado en la transición justa con sus socios sindicales del país transalpino que abarcase la retención de empleados, su recolocación, su reciclaje profesional y su jubilación anticipada. El caso de Enel supone un ejemplo de plan de transición justa que incluía disposiciones para contratar trabajadores a través de un programa de formación de aprendices con vistas a garantizar el trasvase de conocimientos desde los trabajadores más veteranos a los más jóvenes. Asimismo, fomenta la movilidad y la formación para optimizar los recursos internos y las medidas de formación específicas con el fin de garantizar la cualificación y la empleabilidad de cara al desarrollo de su nuevo negocio.

Engie Australia

En noviembre de 2016, Engie anunció su decisión de cerrar la central eléctrica Hazelwood para reducir sus emisiones de carbono. En respuesta a la medida, el Gobierno estatal constituyó la Autoridad del Valle de Latrobe (LVA, por sus siglas en inglés), que comenzó a dialogar con los sindicatos, con Engie y con otros propietarios de centrales eléctricas, así como con el Gobierno local y con organizaciones comunitarias. Ello tuvo como consecuencia el desarrollo de cuatro importantes iniciativas orientadas a ayudar a los trabajadores afectados y a sus familias:

  1. Un Servicio de Transición Laboral para Trabajadores centrado en proporcionar servicios individualizados de transición laboral y de desarrollo de competencias. 
  2. Un plan de respaldo financiero para reciclar las competencias de los trabajadores que Engie hubiese contratado directamente, a lo que se sumaron las medidas de apoyo a la formación del Gobierno federal para los contratistas independientes.
  3. Un programa de «Traspaso de Trabajadores» para liberar puestos de trabajo mediante la implementación de planes de jubilación anticipada en otras centrales eléctricas del sector.
  4. La revitalización de la región en colaboración con el Gobierno estatal gracias a la creación de una «zona económica especial» que ofreciese incentivos financieros a las empresas por crear puestos de trabajo para los trabajadores desplazados.

Ford automotive

Ford anunció que tenía planeado recortar 1.300 puestos de trabajo en el Reino Unido durante los próximos dos años y 3.800 en Europa, de los cuales casi 2.800 afectaban a ingenieros. Tan solo un día antes de llevar a cabo sus despidos en Europa, Ford anunció una inversión de 3.500 millones de dólares en una nueva fábrica de baterías para vehículos eléctricos radicada en Míchigan. Al carecer de un programa de reciclaje profesional o de reubicación para estos trabajadores, Ford corre el riesgo de desmoralizar a su plantilla y de mermar su capacidad para retener el talento, especialmente en lo que respecta a sus empleados cualificados, a lo que se suman las posibles huelgas convocadas por los sindicatos en Alemania y un mayor intervencionismo de los actores políticos en su programa de reestructuración. El aumento de las preocupaciones en torno a las repercusiones que tendrá para los trabajadores la transición del sector automovilístico desde los vehículos con motores de combustión interna a los vehículos eléctricos podría afectar a la capacidad de este sector para atraer subvenciones.

Una cadena de suministro solar

Prácticamente la mitad del polisilicio empleado para la fabricación de paneles fotovoltaicos destinados al sector de la energía solar se produce en China. Las prohibiciones a la importación, que en parte se han visto impulsadas por las preocupaciones en materia de derechos humanos, podrían ralentizar considerablemente la adopción de la energía solar necesaria para llevar a cabo la transición energética. El consejero delegado de Siemens, Roland Busch, advirtió lo siguiente en diciembre de 2021: «Si se promulgan prohibiciones [con motivo de las prácticas de trabajo forzoso], puede que ya no podamos comprar células solares a China, lo que supondría el fin de la transición energética». Por lo tanto, cabría preguntarse si las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos posibilitan el desarrollo de una cadena de suministro solar alternativa en países como la India.

Las Asociaciones para una Transición Energética Justa (ATEJ)

A escala de país, las Asociaciones para una Transición Energética Justa (ATEJ) son iniciativas emergentes orientadas a colmar la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo a la hora de realizar la transición hacia las energías limpias.

Asimismo, constituyen mecanismos de financiación. En el marco de una ATEJ, los países más ricos proporcionan financiación a un país en desarrollo que depende del carbón con el fin de respaldar el proceso que ha elaborado ese país para abandonar progresivamente el carbón y realizar la transición hacia las energías limpias al tiempo que aborda las consecuencias sociales que se derivan de ello1. Este tipo de asociaciones implican mecanismos que buscan ayudar a determinados países emergentes que dependen de los combustibles fósiles a operar una transición energética justa adecuándose a la hoja de ruta que han preparado dichos países y alterando lo mínimo posible su desarrollo económico.

Las ATEJ constituyen un concepto incipiente que todavía se encuentra en gran medida en fase de desarrollo, dado que se formalizan a partir de la experiencia que sus artífices van adquiriendo en este ámbito, en lugar de derivarse de marcos preexistentes. Si bien supervisar la evolución de las ATEJ resulta pertinente, no disponemos todavía de información suficiente para realizar actividades de implicación significativas con las partes interesadas que desempeñan un papel fundamental a la hora de contribuir a la aceptación y a la implementación eficaz de las ATEJ. Asimismo, sigue sin estar acreditado cómo las ATEJ se traducen en cambios en las políticas climáticas a escala nacional, lo cual resulta necesario para que los países y las empresas logren avances sostenidos en materia climática.

Los progresos iniciales que han logrado las ATEJ en países como Indonesia ponen de manifiesto cómo el programa podría revestir una mayor relevancia en el futuro.

El caso de Indonesia

A finales de 2022, una ATEJ conformada por distintos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Noruega, Japón, Canadá, Dinamarca, Francia y otros países desarrollados, ofreció a Indonesia un paquete de 20.000 millones de dólares compuesto por una combinación de capital público y privado a partes iguales. Si bien todavía no se ha dado a conocer ningún plan de inversión oficial, los objetivos establecidos en el marco de esta ATEJ consisten en acelerar el proceso de abandono gradual del carbón por parte de Indonesia con el fin de que las emisiones totales del sector energético de este país alcancen su nivel máximo de aquí a 2030, además de establecer un objetivo para que dicho sector alcance las cero emisiones netas de carbono en 2050 como muy tarde, lo que supone adelantar diez años el objetivo de Indonesia a este respecto. El plan también conllevaría la aceleración del despliegue de las energías renovables para que este tipo de energía represente como mínimo el 34% de la generación total de energía de aquí a 2030.

Aunque este paquete de 20.000 millones de dólares representa una pequeña parte de los 600.000 millones de dólares necesarios para descarbonizar por completo el sector energético del país, constituye una medida precursora del tipo de apoyo que podría recibir por parte de fuentes tanto privadas como públicas.

En última instancia, supervisar la capacidad para ampliar el alcance de programas como las ATEJ resultará pertinente, dado que dependerán de si los países emergentes pueden crear un plan de transición justa que resulte creíble. Si bien el éxito o el fracaso de las empresas a la hora de realizar la transición depende en gran medida de las políticas aplicadas a escala nacional, la voluntad de las compañías de participar en la transición podría determinar si son capaces de mantenerse a la vanguardia.

Próximos pasos

El sector de la inversión sigue careciendo de marcos homogeneizados para evaluar la gestión de la transición justa por parte de una empresa o de un país. Dicho esto, las preguntas que formulamos a continuación nos permitirían empezar nuestro análisis en este ámbito cuando llevamos a cabo actividades de implicación con las empresas:

  1. ¿Qué partes interesadas y cuestiones clave debe priorizar para realizar con éxito su transición climática y qué horizonte temporal contempla a este respecto?
  2. ¿Cuáles son las repercusiones de las posibles pérdidas de puestos de trabajo en su empresa y en las comunidades más amplias en las que opera? ¿Cómo las abordará?
  3. ¿Cuáles son las repercusiones de su marco de cero emisiones netas sobre la cadena de suministro? ¿Cuáles son las cuestiones más acuciantes que debe abordar con los proveedores? ¿Qué esperarán sus clientes de usted en su condición de proveedor en relación con la transición justa?

 

Notas

1 Fuente: «What is Just Energy Transition Partnerships?», Green Network Asia

 

MFS podría integrar los factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo (ASG) en su análisis fundamental de inversión y en sus actividades de implicación activa a la hora de dialogar con los emisores. Los ejemplos mencionados anteriormente ilustran algunos métodos que ha utilizado MFS para incorporar históricamente los factores ASG al analizar determinados emisores o interactuar con ellos, pero no se debe extraer la conclusión de que esos métodos  garantizan resultados satisfactorios de las inversiones o las interacciones en todas las situaciones o en una situación concreta. Por lo general, las interacciones se componen de una serie de comunicaciones que son constantes y, a menudo, prolongadas, y podrían no traducirse necesariamente en cambios en las prácticas del emisor relacionadas con los asuntos ASG. Los resultados de los emisores se basan en muchos factores, y los resultados satisfactorios de las inversiones o las interacciones, incluidos los descritos anteriormente, pueden no guardar relación con los análisis o las actividades de MFS. El grado en que MFS incorpora los factores ASG en el análisis de las inversiones y en las actividades de implicación activa variará en función de la estrategia, el producto y la clase de activos, y también puede cambiar a lo largo del tiempo. Por consiguiente, los ejemplos anteriores podrían no ser representativos de los factores ASG empleados en la gestión de la cartera de un inversor. La información que se recoge anteriormente, así como las empresas y/o los valores individuales que se mencionan no deben interpretarse como asesoramiento de inversión, recomendaciones de compra o venta ni como indicación de intención de negociación en nombre de cualquier producto de inversión de MFS.

Tengan en cuenta que un enfoque de inversión sostenible no garantiza unos resultados positivos y que todas las inversiones, incluidas las que integran factores ASG en el proceso de inversión, conllevan un cierto nivel de riesgo, lo que incluye la posible pérdida del importe principal invertido.

Las opiniones expresadas pertenecen a MFS y pueden variar en cualquier momento. Dichas opiniones se ofrecen exclusivamente a título informativo y no deberán considerarse una recomendación para comprar ningún título ni una incitación o asesoramiento de inversión del Asesor.

Las opiniones expresadas pertenecen al autor o autores y pueden variar en cualquier momento. Dichas opiniones se ofrecen exclusivamente a título informativo y no deberán considerarse una recomendación para comprar ningún título ni una incitación o asesoramiento de inversión. Las previsiones no están garantizadas.

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